El comisario europeo de Asuntos Económicos, Olli Rehn, ha apoyado con entusiasmo la decisión del gobierno español de elevar el impuesto sobre el valor añadido (IVA): «Apoyamos completamente el esfuerzo de consolidación fiscal del gobierno español y la subida del IVA contribuirá a ese objetivos». A la Unión Europea le importa constatar que Zapatero está dispuesto a reducir el déficit público a costa del pueblo trabajador español, para así asegurar el pago de la deuda contraída por los bancos y cajas de ahorro españolas con los poderes financieros de Eurolandia. Tal medida, no obstante, es poco más que simbólica.

La contribución de la subida del IVA a la reducción del déficit público va a ser insignificante. Supondrá, en el mejor de los casos, un incremento de la recaudación de unos 5.000 millones de euros, cuando el déficit de 2009 ha sido de 110.000 millones de euros. Así, tapará menos del 5% del agujero.

Naturalmente, Zapatero tiene un discurso de cara a la Unión Europea y otro de carácter interno electoral. De acuerdo con este último, la subida del IVA es para «mantener los gastos sociales y atender a los más débiles». Pero, ¿a qué débiles? Si resulta que un trabajador está en paro y tendrá que pagar más por la alimentación, la gasolina, la calefacción, la luz, la ropa, por todo... ¿a qué débiles está protegiendo Zapatero? La subida del IVA, el más injusto de los impuestos puesto que grava por igual a ricos y pobres, abismará el consumo del pueblo trabajador y hundirá todavía más la producción y el empleo.

Rajoy ha intentado aprovechar la ocasión para soltar algunos discursos. Pero lo suyo es pura demagogia. El incremento del IVA estaba ya aprobado en los anexos a la Ley de Presupuestos y la “rebelión” de la Sra. Aguirre se limita a una recogida de firmas, mientras que en su comunidad autónoma el ayuntamiento de Madrid está subiendo las tasas e impuestos al 20%.

Lo que callan tanto Zapatero como Rajoy es que la subida del IVA y la catarata de impuestos que van a caer en adelante sólo servirán, además de para paliar la quiebra de los bancos, para seguir manteniendo los gastos parasitarios del régimen juancarlista. En relación con estos últimos, no olvidemos que los españoles pagamos:

• 8.500 alcaldes y 86.000 concejales;
• 17 presidentes de autonomías, casi 1.600 parlamentarios autonómicos, más de mil ministros-consejeros autonómicos, con sus correspondientes secretarios y directores generales y 215 delegaciones u oficinas autonómicas que permiten que la “España plural” sea apreciada en lugares tan diversos como Dubai, China, Singapur, Sudáfrica, Turquía o Brasil;
• 300 senadores;
• 200 parlamentarios en Estrasburgo;
• 26 ministros del Estado central, con  200 directores generales y más de 2.000 asesores;
• 300.000 liberados sindicales.

A todo ello se suman las subvenciones a partidos, sindicatos, iglesias, ONG y artistas diversos, sin olvidar los opacos gastos de la Casa Real.

¿Alguien cree que podemos siquiera empezar a levantar la cabeza mientras no rompamos esta costra?

¡Rebelión nacional!
¡Abajo la monarquía!
¡Por la República Española del Trabajador!