España es nuestra patria bimilenaria, estado desde hace más de quinientos años y nación, ciertamente inacabada, desde hace unos doscientos años. La unidad de la nación se deriva de la soberanía y la potencia. Allí donde no se presentan estos atributos acaba por resquebrajase. Máxime, si la nación padece un régimen antinacional. España no puede pervivir bajo el vigente régimen, monárquico, partitocrático y autonómico al servicio del gran capital ni bajo la variante confederal del mismo que, en los últimos tiempos, se cocina a fuego rápido, sino mediante la ruptura democrática con este corrupto sistema en la lucha por la república unitaria y socialista. Precisamente, para dotar a nuestra nación de los atributos de los que carece e imprimirle coherencia y homogeneidad democrática frente a quienes admiten su cuarteamiento.

Resistencia democrática, rebelión española

Los instrumentos para emprender este camino, desde este momento, son la auto-organización en asambleas y juntas de autodefensa de los españoles. Se trata constituir el nuevo poder desde abajo y sentar las bases que a su vez alumbren una nueva legitimidad y legalidad española y republicana. En Cataluña, su primer cometido es el boicot activo a los preparativos del que se ha denominado como sucedáneo de la consulta y la obstrucción hacia los que se presten a participar en la misma, caso de celebrarse. Este trabajo tendría que prolongarse ante la convocatoria de unas elecciones plebiscitarias con candidaturas independentistas, aunque estas se desarrollen como unos comicios ordinarios con el permiso del Borbón.

Pero no basta con la resistencia activa ante los avances del secesionismo en una región concreta, sea Cataluña o Vascongadas, sino que hay que adoptar la iniciativa y desalojar al régimen que posibilita nuestra disolución nacional mediante la extensión de la acción directa de masas en toda España.

Emplazamos a los compatriotas que entienden su españolidad como condición vital, inseparable de su propia existencia personal, a emprender esta vía. Les invitamos además a militar en el Partido Nacional Republicano en una ardua y prolongada labor de reconquista y refundación de España a través del combate político e ideológico para concluir nuestra construcción nacional en la República.

El imperio de la ley, connivencia de Rajoy

La suspensión por el Tribunal Constitucional (TC) del decreto de convocatoria de la consulta independentista del 9-N, y buena parte de la propia ley de catalana de consultas que le daba cobertura, ha permitido a Moncloa presentarse como garante de la unidad de España y proclamar precipitadamente su victoria sobre el «proces català» pilotado por la Generalitat. Con todo, Rajoy le ha seguido tendiendo la mano al díscolo President, Artur Mas, a quien no le cabe duda que su «enemigo es el Estado español».

Sin embargo, lejos de allanarse, el “astuto” Mas ha trocado el referendo del 9-N por un «proceso participativo sobre el futuro político de Cataluña», una «consulta alternativa» planteada en los mismos términos antiespañoles de soberanía-independencia que trata de eludir el control de constitucionalidad. El simple amago de sacar las urnas ya es un tanto que se anota el independentismo promovido por la Generalidad catalana frente a la premeditada inanidad política del gobierno de leguleyos del PP, cuya contundente respuesta ha consistido en salir corriendo a solicitar informes jurídicos que amparen también la impugnación de esta trapacería que, si llegara a consumarse, tendría como cómplice necesario al ejecutivo de Mariano Rajoy.

Al gobierno liberal del PP se le llena la boca de legalidad y constitución cuando en realidad estas son sistemáticamente vulneradas en Cataluña por los propios poderes públicos, locales y autonómicos con la inhibición de los centrales: caso de la beligerante ausencia de enseña nacional en muchos ayuntamientos o el impune desacato en todo lo que se refiere al uso de la lengua española en el sistema educativo, por ejemplo. Y del propio Artur  Mas, máximo representante del Estado en esta región, en atención al público y notorio ejercicio desleal de su cargo, podría apreciarse alguna conducta tipificada por el código penal en vigor. Pero la fiscalía, dependiente del Ministerio de Interior, lejos de emprender acciones de oficio, ejerce de defensa solicitando a los tribunales la desestimación de algunas demandas planteadas contra el President por prevaricación.

Algunos ilusos claman por la aplicación del artículo 155 de la constitución, la suspensión de la autonomía catalana. Olvidan que la reciente proclamación de 2013 por parte del parlamento autonómico catalán de Cataluña como «sujeto político y jurídico soberano» no supuso su disolución ni tuvo ninguna consecuencia porque se argumentó que la misma carecía de efectos jurídicos. Con este acto se inició oficialmente el «procès català».

También los hay que confían en el recurso a alguno de los estados de excepcionalidad si la cosa se sale de madre, pero hasta el momento, estos sólo se reservan para reprimir huelgas, como el de alarma que impusieron a los controladores aéreos hace unos años. Y los hay, los que menos, como continuación de lo anterior, quienes deliran con tricornios, charreteras y cabras legionarias desplegadas en las Ramblas de Barcelona bajo la advocación del artículo 8 de la constitución… Ignoran que los mandos militares contemporizan con el signo de los tiempos. Recientemente, pidieron disculpas al consistorio de El Port de la Selva afligidos por la actuación del soldado que durante unas maniobras rasgó una «senyera estelada» clavada en un monte perdido de San Pedro de Roda.

Nihilismo nacional

A una gran porción de la población española le resulta indiferente que Cataluña sea o dejase de ser España. Porque los hay también que piden que se permita ejercer el «derecho a decidir» en Cataluña y los que, hastiados por el nacionalismo catalanista, han desistido y quisieran que se separasen de una vez por todas para que les dejen en paz.

El PSOE se ha aventurado en posiciones de vanguardia y tras su estela podría dirigirse todo el régimen: la reforma de su constitución para «encajar» las sempiternas singularidades de Cataluña reconocida como entidad nacional y soberana con un concierto económico a la vasca y el blindaje en materia de lengua y educación. Federalismo confederal que daría forma a la aniquilación material de la nación española en una suerte de «nación de naciones» sobrevolada por Zarzuela, la partitocracia y las oligarquías del gran capital.

Auge independentista. El proceso catalán no se dirige desde la plaza de Sant Jaume

Quizá a partir del 9-N Mas podrá convocar elecciones anticipadas de carácter plebiscitario con una candidatura independentista única, antes de la municipales de mayo, abriendo las puertas de la Generalitat a ERC o, incluso, agotar su legislatura soberanista con una reedición de la «sociovergencia» apoyada desde Madrid como mal menor para atemperar el empuje de los de Junqueras mientras se avía la reforma constitucional. Caben muchas posibilidades más. Pero se presente el escenario que sea tras esta fecha, bajo el régimen vigente, el ascenso del independentismo y el soberanismo en Cataluña es irreversible.

Porque, al margen de todas las cábalas en torno al post 9-N, el proceso de disolución nacional sigue su inexorable curso desde hace casi cuarenta años ceñido a la hoja de ruta confederal juancarlista, uno de cuyos primeros hitos fue otorgar al nacionalismo catalán las herramientas necesarias para la formación de las masas en el soberanismo, confiriéndole las competencias estatales en materia educativa y lingüística por mor de su condición de «nacionalidad». Son estas masas las que ahora reclaman su «derecho a decidir» azuzadas por la oligarquía catalana.

Romper amarras

Españoles bien intencionados aún tienen como referente de la unidad nacional al rey y el modelo de estado de las autonomías. Pero la España del 78 nos ha traído el hundimiento en la miseria, la sujeción a Eurolandia y la balcanización. Se impone una paciente e incansable tarea clarificadora contra todos.

La monarquía dio carta de naturaleza al nacionalismo catalán y vasco con la introducción con calzador del estado autonómico, a cambio del reconocimiento y estabilidad institucional de la restauración borbónica. Asentada con la sucesión de Felipe VI, el nuevo reinado debe culminar su continuidad con la confederalización. Por su papel, la corona es incompatible con la nación.

El estado de las autonomías es la forma de organización territorial consustancial a la disgregación de España. No vale lo que pudo ser y no fue. Desde el principio, en su paquete genético estaba inscrita la tara de las «nacionalidades» que ahora extienden sus efectos. Todo sea dicho que, aparte de que algunas autonomías sean baluartes antiespañolas, resulta un modelo inviable de corrupción, despilfarro, duplicidad y gasto público incontrolado insostenible para cualquier Estado.

Por tanto, las opciones regeneracionistas de formaciones como UPyD y C´s, que preconizan la validez del estado de las autonomías con algunos retoques como la reversión de algunas competencias hacia el estado son integrantes junto al PP y el PSOE de la seudo-España que sufrimos.

Al gobierno de Rajoy le corresponde la gerencia del momento confederal: administra el escenario en la farfolla de un aparente conflicto cuya resolución se negociará de un modo u otro a costa de burlar y robar cuotas de la soberanía popular en favor de las oligarquías antiespañolas de Cataluña.

El PSOE, realiza un trabajo de zapa horadando los pocos resortes unitarios del marco jurídico-político vigente preparando el terreno para su revisión. La reforma federal de la constitución que propone el PSOE, y a la que más pronto que tarde se adscribirá el PP, como alguna voz del gobierno revela, significa la disolución confederal de nuestra nación.

La izquierda «de este país» que defiende el derecho de autodeterminación, caso de IU, o lo mismo dicho de otra manera, «el derecho a decidir» –IC-V y Podemos– son los quintacolumnistas de la anti-España.

Las masas de pobladores de Cataluña que se han movilizado y se movilizan en pos de la independencia no son compatriotas equivocados a los que hay que convencer de su error, sino elementos hostiles a España irreconciliables a los que hay que derrotar. Son, junto a los partidos que le representan –CiU, ERC, CUP– la anti-España.

¡Abajo la monarquía, su partitocracia y el estado de las autonomías!
¡Separatistas, haced las maletas, fuera de España!
¡Hacia la Republica Unitaria!