La sentencia del 11-M, dictada por el aparato judicial del régimen de Juan Carlos I, no ha podido acallar un sinfín de interrogantes sobre la matanza. Ante todo, no ha conseguido silenciar una verdad terrible: hubo destrucción y ocultación de pruebas, así como reemplazo de éstas por otras convenientemente ahormadas.

El Partido Nacional Republicano considera que la controversia suscitada en torno al tipo de explosivo empleado en la masacre, en los términos en los que se ha planteado, es completamente tramposa: a saber, goma2-ECO = islamistas, titadyn = ETA. ¡Como si esos explosivos se detentaran por alguien en régimen de monopolio! Pero, además, el PNR estima que, estallara lo que estallara, nunca podrá averiguarse a partir de los restos procedentes de los focos de explosión presentados por la policía a la pericial ordenada por el juez Bermúdez.

El proceso del 11-M está plagado de irregularidades, desde la fase de instrucción hasta la misma sentencia, pasando por la pericial, que imponen ir más allá de la mera exigencia de purga de responsabilidades de un sistema judicial putrefacto: el desentrañamiento completo del criminal atentado y el castigo de todos los culpables sólo podrá llevarse a cabo sobre los escombros del régimen juancarlista y de la defenestración de sus dos grandes partidos, PSOE y PP.

Gracias al titánico esfuerzo de disección, folio por folio, del sumario del 11-M por un puñado de compatriotas agrupados en el blog del Sr. Luis del Pino, conocemos muchos de los entresijos de la investigación del 11-M. Resulta, cuanto menos, escandaloso saber que los restos de vagones fueron desguazados 24 horas después del atentado, contraviniendo las disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que obliga a conservar los restos de un atentado terrorista. Pero aún resulta más tremendo conocer lo siguiente: 90 toneladas de material fueron recogidas por funcionarios policiales tras las explosiones. Pues bien, sólo unas misérrimas muestras, supuestamente procedentes de esos focos de explosión y de otros lugares, fueron aportadas a la fase del juicio oral.  

La reciente publicación del libro “Titadyn”, que recoge los trabajos de uno de los técnicos que intervinieron en la pericial para la determinación del explosivo, el Sr. Antonio Iglesias, ha vuelto a poner de actualidad la polémica del arma del crimen. El libro se centra en los análisis de las muestras antes mencionadas. En todas ellas apareció dinitrotolueno y, en una de ellas, nitroglicerina. Estas sustancias son incompatibles con la dinamita goma2-ECO, explosivo empleado para la masacre según la versión oficial de los hechos. En cambio, estos componentes son consustanciales, concluye el mencionado perito, a otro tipo de dinamita: el titadyn. Sin embargo esta revelación, además de ser conocida desde hace tiempo, debiera ser considerada irrelevante: todas la pruebas e indicios han sido aportados de manera anómala, sin documentación que avalase la cadena de custodia de las pruebas, ni los más mínimos requisitos que debían acompañarlas, como es el caso de los análisis realizados en primera instancia, o de los líquidos de lavado. A la resolución judicial le importó un bledo conocer que es lo que estalló exactamente en los trenes; como estaba previsto en el guión de la instrucción de Del Olmo, se basó principalmente en “indicios” ajenos al escenario del crimen (furgoneta Kangoo, mochila de Vallecas, piso de los suicidados de Leganés).

En relación con este último aspecto, sí hay un dato destacable en el libro del Sr. Iglesias. El perito señala que la muestra patrón de goma2-ECO facilitada en su momento por los tedax para clarificar la naturaleza del resto de  explosivo encontrado en la furgoneta Kangoo, es idéntica al mismo en su granulometría. Además, tanto la muestra patrón como el resto de cartucho de la furgoneta aparecen contaminados de una misma sustancia, la metenamina. Es decir, que la muestra de referencia aportada por los tedax del Sr. Sánchez Manzano y el fragmento de explosivo de la Kangoo podrían pertenecer al mismo cartucho. Estaríamos, de ser así, ante un flagrante caso de falseamiento de pruebas.

Con ocasión del acto de presentación del libro del Sr. Iglesias, un P. J. Ramírez disfrazado de Zola declamó ante las cámaras un discurso acusatorio contra las actuaciones de funcionarios policiales y de la justicia, imputándoles manipulaciones y negligencias varias en el caso 11-M. El mensaje esencial del director del diario “El Mundo” pasa por el habitual emponzoñamiento de ETA en el atentado, esta vez con el recurso al explosivo titadyn. Durante un tiempo, el diario el Sr. Ramírez contribuyó a apuntalar con su “periodismo de investigación” el cuento chino oficial del acarreo de goma2-ECO desde Mina Conchita por unas tramas de delincuentes asturianos y marroquíes. Ahora basa sus acusaciones en la “pruebas” aportadas a la pericial por los mismos manipuladores policiales a quienes pretende depurar, para que acaben entre rejas los “verdaderos” suministradores del explosivo a los islamistas. Así, el Sr. Ramírez nos ofrece su propia variante de la versión oficial, servida como “joint venture” entre etarras que suministran explosivos, en esta ocasión titadyn, e islamistas que ejecutan la matanza. El PNR denuncia esta jugada que, lejos de hacer tambalear la versión judicial de la matanza, contribuye a reforzarla en muchos aspectos. Con la intervención de etarras e islamistas ofrece una salida airosa al régimen mediante la conciliación final de las tesis del PP y PSOE, al precio del sacrificio de unos pocos esbirros.

El PNR desestima la validez de cualquier “prueba” aportada a la pericial del 11-M por los manipuladores y encubridores de la masacre. Sin los trenes ni las 90 toneladas de materiales recogidos tras la matanza, no hay goma2-ECO ni titadyn que valga, sea de los focos de explosión o de otros escenarios. Por ende, manifestamos nuestro más rotundo rechazo al fallo judicial y exigimos la libertad inmediata de los injustamente condenados por la sentencia. Si no está claro el explosivo empleado, ¿en virtud de qué han sido condenados Zougham y Trashorras?

El esclarecimiento del atentado y la condena de los encubridores, verdaderos culpables y ejecutores no podrá realizarse en el seno de las instituciones de un régimen corrupto y que incluye en su historia el golpe del 23-F y los crímenes de los GAL, ni a la luz de las portadas del periódico del pastelero mayor del reino. Hay que volver a la calle.