El anuncio de la próxima expropiación del 51% de la petrolera YPF por el gobierno argentino ha confirmado el viejo aserto del doctor Samuel Johnson: «El patriotismo es el último refugio de los canallas». El gobierno y la oposición de la monarquía de los banqueros, directamente o a través de sus grupos mediáticos, han querido hacer creer a los españoles que esto ha sido un ataque argentino a España. En el colmo de su indecencia han llegado a afirmar que Repsol es España y han equiparado los intereses de esta transnacional petrolera con los intereses nacionales.

Repsol no es una empresa española, en tanto que no es de propiedad pública. Es una empresa privada, una compañía transnacional que ni siquiera está mayoritariamente en manos de capitalistas españoles. El 51,5% de las acciones pertenecen a inversores extranjeros y el resto se lo reparten La Caixa, Sacyr y accionistas menores.

Repsol nació en 1987 como consecuencia del desmantelamiento del monopolio estatal sobre los hidrocarburos. Fue una de las exigencias de la entrada de España en la Comunidad Económica Europea. Los españoles, entonces, sí que podían contar entre su patrimonio con aquellas compañías que dieron lugar a Repsol. Mientras la inmensa mayoría de los españoles perdía con esa privatización, unos pocos se beneficiaron enormemente de la misma. ¿Quiénes? La oligarquía del régimen borbónico, evidentemente.  Porque lo único que hay detrás de las políticas privatizadoras de los bienes públicos es una redistribución de la propiedad: de la Nación a los grandes capitalistas.

Lo mismo ocurrió en la Argentina con YPF, una empresa pública creada en 1922 que fue privatizada por el peronista Carlos Menem en 1999 en el marco de las reformas impuestas por el FMI a cambio de su ayuda financiera. El patrimonio de todos los argentinos, las empresas que fueron privatizadas, también pasaron a manos de los grandes capitalistas. Algunos vinieron de fuera, como Repsol que en el momento actual posee el 57% de YPF. El resto está en manos, entre otros, de destacados oligarcas argentinos estrechamente vinculados al peronismo kirchnerista gobernante.

La decisión del gobierno argentino es la propia de un Estado soberano. Y además, se ajusta a derecho. Ante ello sólo podemos manifestar nuestro respeto. Independientemente de las intenciones que la camarilla kirchnerista en el poder abrigue respecto al destino de YPF. Eso, en todo caso, no será más que un asunto propio de los argentinos. Lo que queda, como ya se han apresurado a anunciar los directivos de Repsol, es ponerse de acuerdo en el valor de las acciones expropiadas. Y eso es un asunto que afecta, única y exclusivamente, al Estado argentino y a Repsol.

¿En qué afecta esto a España y a los españoles? En nada. En todo caso, sólo a los empleados españoles de Repsol en la medida que su empresa sufra los efectos de la expropiación. De la misma manera que cualquier otra vicisitud derivada de la política empresarial de su empresa. Más debería importarles a estos trabajadores el hecho de que mientras los beneficios de Repsol entre 1998 y 2007 ha crecido casi un 12%, sus salarios han crecido sólo un 1,7% (un porcentaje que seguro que no es el de los directivos).

Llegados a este punto, algunos de los acogidos al patrioterismo justificarán su discurso asegurando que en última instancia Repsol crea riqueza de la que se benefician todos los españoles. ¿Cuánto paga Repsol como impuestos? Pues sólo declara el 25% de todos sus beneficios. El resto lo declara en países donde actúa y, cómo no, en paraísos fiscales. En 2010 fueron 949 millones de euros, lo que equivale a un tipo impositivo real del 26,8%. ¿Esto es mucho o poco? En cualquier caso, menos del 30% que establece el impuesto de sociedades. En realidad, Repsol hace todo lo posible para pagar la menor cantidad de impuestos posible. Como cualquier transnacional que se precie. Sus beneficios brutos en 2010 fueron 6.613 millones de euros.

Ha resultado esperpéntico escuchar y ver las reacciones del gobierno vigente amenazando con represalias ante «tamaña fechoría». Tan pronto ha anunciado que estaba el conflicto encauzado (ministro Soria) como ha tenido que amenazar de las graves consecuencias que esto va a provocar en las fraternales relaciones con la Argentina (ministro Margallo). El peso internacional del reino de España es el que es: irrelevante, insignificante. Da igual que esté el PP que el PSOE en la Moncloa. Ni deseándolo, la monarquía de los banqueros tiene la potencia necesaria para hacer valer sus amenazas. El patetismo del régimen juancarlista es el propio de un Estado impotente, vasallo, sólo capaz de actuar al servicio de «nuestros aliados» cuando necesitan carne de cañón en sus intervenciones imperialistas.

El Partido Nacional Republicano desea que los españoles vuelvan a ser los legítimos propietarios de sus recursos económicos, dueños de su propio destino, de su soberanía, de su Nación. Por eso propone la socialización de los sectores económicos estratégicos. El retorno a la propiedad estatal, sin compensación alguna, de sectores como el de la energía, fundamentales para nuestro porvenir. Luchamos porque Repsol, entre otras, vuelva a ser patrimonio de todos los españoles.

Por todo esto es necesario denunciar la infamia del régimen juancarlista al intentar hacer creer que esto es un ataque a España. Sus políticas económicas al servicio de los dictados de Berlín, sus políticas exteriores al servicio de Washington, sus políticas sociales al servicio de la oligarquía de los banqueros… sí son un ataque a España. Su complicidad con los enemigos internos de España y su colaboracionismo con los externos es una traición a la Nación.

A quienes vivimos el infortunio de nuestra patria como una tragedia, ver cómo los prebostes del régimen se esconden en la bandera para defender sus intereses particulares nos asquea. A los patriotas españoles nos repugna ver como el patriotismo, una vez más, ha sido el refugio elegido por tantos canallas.