Expolio

Los gobiernos de la monarquía juancarlista, alternativamente del PSOE y del PP, se han empleado a fondo en la imposición de las políticas de ajuste dictadas por Berlín y Fráncfort. Como mamporreros de Eurolandia no han vacilado en bajar y congelar las retribuciones de los funcionarios; las pensiones y otras prestaciones; aumentar todo tipo de impuestos y gravámenes; paralizar inversiones; reducir servicios y dotaciones; laminar derechos laborales y conquistas sociales. Y todo apunta a la privatización paulatina de algunos servicios públicos. El despojo de las rentas del trabajo en sus tres componentes, salario directo, indirecto y diferido, es la bandera del europeísmo de los burócratas de Bruselas, la cancillería alemana y el régimen.

El gobierno de Rajoy apela siempre a la necesidad de realizar sacrificios y justifica las medidas adoptadas para evitar una intervención. Pero en España se aplica a sangre y fuego la misma purga que en los países rescatados por la UE. Mientras se saquea a los españoles, se ha beneficiado a las oligarquías financieras con rescates multimillonarios a cargo del erario en forma de avales e inyecciones directas de capital que redundan en más déficit público que sirve de coartada a nuevos recortes sociales. Se ha favorecido a la oligarquía que se muestra implacable en el estrangulamiento crediticio de la economía y en la ejecución de las viviendas de cientos de miles de familias desahuciadas. Y a los oligopolios del régimen, como al sector de la energía, se les ha otorgado patente de corso para incrementar sus tarifas sobre una población empobrecida.

La sangría comprende también el mantenimiento de las diecisiete autonomías a cuyo sostenimiento se destina, por ejemplo, el Fondo de Liquidez cuya finalidad no es garantizar la prestación de los servicios que estas dispensan en su calidad de administraciones públicas, sino financiar los gastos corrientes de esta estructura despilfarradora en la que se apoltrona y reproduce la partitocracia borbónica y sus redes clientelares, a la par que sirve de trinchera para las burguesías periféricas antiespañolas.

Así, esta rapiña no sólo se limita a las condiciones materiales de los españoles, sino que se extiende a su condición política fundamental: el juancarlismo permite que un parlamento autonómico, el catalán, proclame impunemente como «sujeto político y jurídico soberano» una región de España. Lo cual supone el flagrante robo de la soberanía nacional-popular, fuente de todo orden democrático, a manos de una camarilla de oligarcas de provincia.

Corruptos

Quienes someten a pillaje a los españoles son los mismos que desde su albañal les conminan con peroratas a soportar los rigores de la travesía en el desierto y a realizar esfuerzos solidarios hasta alcanzar la tierra prometida de la recuperación económica que nunca llegará con las medidas adoptadas, pues la reformas estructurales se dirigen primordialmente al reintegro de la deuda, reconvertida en pública, de los bancos y cajas de la monarquía y a mantener la hegemonía del gran capital, a la vez que se facilita al imperialismo germano su dominio sobre las economías deprimidas del viejo continente para blindar su proyección competitiva frente a otros polos de concurrencia mundial.

Desde la casa real hasta las cúspides de los aparatos políticos todos, incluidas la oligarquías financieras, de arriba abajo, en todos los niveles institucionales y representativos del régimen destilan el pestilente olor de la corrupción: la casa real con el caso Nóos, cada vez estrechándose más sobre la infanta y, quizá, el propio rey. Ya hay 200 imputados de la partitocracia que sólo representan un pálido reflejo del lodazal juancarlista. Los escándalos de la oligarquía catalana del 3%, las cuentas en Suiza y los mangoneos de la ITV; Gürtel en Valencia y los ERE de la Junta de Andalucía son la expresión de los desmanes de los señoritos en sus cortijos autonómicos. Botín, el banquero mayor del reino, ha ocultado patrimonio y evadido impuestos.

Last but not least, el ejecutivo de Rajoy y los prebostes de la calle Génova han debido de admitir la veracidad, en parte, de un bochorno mayúsculo con implicaciones que no sólo remiten a prácticas reprobables de cobro lucrativo de favores y sobresueldos en negro, sino a una larga tradición de financiación ilegal de los partidos de la monarquía que se remonta al caso Flick; Filesa; Time Sport; Naseiro; Palau; etc.

El descrédito moral y la crisis de liderazgo de las formaciones de la monarquía resultan tan notorios que ni siquiera, el principal partido de la oposición, el PSOE, puede aprovechar esta oportunidad de oro como palanca de acoso y derribo del gobierno. Cae la intención del voto de los principales partidos y la valoración de sus líderes desciende a los suelos.

Sin embargo, determinados partidos, como UPyD, se abren paso como alternativas creíbles a ojos de nuestros compatriotas por sus propuestas regeneracionistas para la versión 3.0 del juancarlismo. Es el camino de las falsas salidas e ilusiones falaces para reformar un régimen corrupto hasta el tuétano y consagrado a la rapacería de los españoles.

¡Ruptura democrática! Este régimen antinacional, antidemocrático y antisocial sólo puede ser detenido mediante su derrocamiento en las calles con la acción directa de masas y la construcción de un partido que, como el Partido Nacional Republicano, no aspire a integrarse como una opción de voto más del juancarlismo, sino que su principal cometido sea alentar las transformaciones radicales que reclama nuestra supervivencia y dignidad como pueblo y que sólo podrán materializarse mediante nuestra constitución en una República española del trabajo.