El pretendido acomodo y desactivación del nacionalismo antiespañol a través de su integración en el estado de las autonomías se ha revelado como una completa falacia. La finalidad primordial de implantar este modelo de distribución territorial del poder, al momento de instaurar la monarquía juancarlista, no fue otra que apuntalar la restauración borbónica mediante el pacto entre la corona y las burguesías secesionistas de la periferia que, ahora en Cataluña, aprietan el acelerador del separatismo promoviendo una consulta independentista que podría facilitar la realización del régimen en su forma definitiva, conforme a su consustancial naturaleza confederal.

La única alternativa a la monarquía balcánica del Borbón es la reconstrucción de España en una República unitaria, sin espacio para las asechanzas secesionistas que padecemos con el estado autonómico juancarlista, cuya defenestración preconizamos. República constituida en nación de ciudadanos españoles, sin concesión alguna al nacional-etnicismo que consagra la constitución en vigor y que se proyecta en la utilización identitaria y partidista de las lenguas vernáculas de los españoles; la excepcionalidad, determinada por la reverencia hacia “hechos diferenciales” y privilegios medievalizantes (conciertos, cupos y regímenes forales).

El nuevo estado que propugna el Partido Nacional Republicano, conjugará la trabazón política con la descentralización, puramente administrativa, orientada a dotar de la máxima eficacia y eficiencia a un poderoso sector público que siente las bases de un socialismo de potencia, condición indispensable para garantizar nuestra integridad territorial y soberanía frente a los enemigos internos de la Nación española y la voracidad imperialista del capitalismo centro-europeo.

Una cuestión previa: sin homogeneidad no hay democracia

Democracia, entre otros aspectos, presupone identificación entre gobernantes y gobernados y coincidencia entre la voluntad general y pueblo en base a la igualdad, pero únicamente ceñida a iguales. Esto es, homogeneidad nacional, unidad política, que nada tiene que ver con uniformidad étnica, religiosa, cultural, ideológica, etc.

Precisamente, bajo el juancarlismo opera un artificio de entraña liberal, hostil a la misma idea de democracia: toda opción es válida y admisible siempre que se desenvuelva procedimentalmente, sin más límite que la ley, a través de sus cauces de participación y representación política. Así, el separatista vasco que aboga por la anexión de Navarra y los departamentos vascofranceses en nombre del mito de «Euskal Herria», el soberanista catalán que reclama un estado independiente o el izquierdista que en su programa proclama «el derecho de autodeterminación de los pueblos del estado español» concurren en este juego, paradójicamente, como parte del pueblo español, el poder originario que forma la soberanía popular y del cual dimana, supuestamente, todo el orden jurídico-político. De este modo, se arrumba la noción de pueblo como categoría de derecho público que, en nombre de una igualdad abstracta, cede ante el agregado societario: una diversidad de individuos y grupos que también incluye a aquellos cuyas pretensiones son formar otros pueblos, naciones y estados antagónicos al español. La distinción entre amigo y enemigo queda diluida en el nivelador sistema político borbónico; una reducción en la que caben legítimamente españoles y antiespañoles; independentistas catalanes, vascos y gallegos. En definitiva, separatistas y unionistas. Dicho sea que, allí donde desaparece esta diferenciación esencial, amigo y enemigo, un pueblo deja de existir políticamente.

No en vano, el PNR aspira alcanzar la máxima coherencia nacional y democrática en la futura República: lo cual exige la proscripción de los partidos separatistas y antiespañoles. Por supuesto, no obligaremos a nadie a ser ciudadano español, quienes no quieran o renuncien a esta condición fundamental pueden optar al estatuto de meros residentes si desean permanecer todavía en cualquier parte del territorio nacional. Obviamente, despojados de cualquier derecho político.

Vía catalana, hacia la confederación

El estado autonómico, imprime una dinámica centrífuga que aboca inevitablemente a nuestra disgregación nacional. Ya en los albores del régimen, algunas de las ponencias de los redactores de la actual constitución previeron configurar España como una colección de “naciones” (catalana, vasca, gallega), aunque por la correlación de fuerzas existentes en aquel entonces, se determinó que fueran rebajadas nominalmente a “nacionalidades”. En realidad, esta concepción “plurinacional” no sólo ha permanecido latente en el espíritu y la letra a lo largo de más de treinta y cinco años, sino que ha presidido la propia evolución del proceso autonómico que ahora podría culminar su propia lógica confederal.

El juancarlismo ha permitido a los partidos de la burguesía catalana, CIU y PSC, una concienzuda labor de construcción nacional, de «national building», al amparo del estado de las autonomías mediante el traspaso de competencias estatales como la educación y la “cooficialidad”, de acuerdo al modelo de inmersión lingüística. El resultado ha sido el adoctrinamiento de varias generaciones de españoles, catalanes e inmigrantes del resto de España, en su pertenencia a una nación irredenta, la catalana, y en el anhelo de estatalidad propia.

La celebración de la Diada en los dos últimos años se ha convertido en la ocasión para demostrar la capacidad de movilización del independentismo en Cataluña, patrocinada desde las instituciones autonómicas catalanas, las mismas con las que el gobierno de Rajoy quiere entablar «un diálogo leal» dentro de la legalidad y el marco jurídico que aquel pretende burlar utilizando la fórmula de «derecho a decidir», el embeleco para plantear un referendo de autodeterminación o, llegado el caso, otra forma de consulta morigerada a conveniencia del soberanismo catalanista en connivencia con el resto del juancarlismo.

El ejecutivo del PP reconoció estar sobrecogido ante las masas que formaron la cadena humana separatista, manifestación a la que dijeron profesar respeto, cuando cualquier movilización de los trabajadores españoles es sistemáticamente descalificada. Ello justificaría la negociación entre el gobierno de Rajoy y Artur Mas que comenzó entre bambalinas antes del evento, y formaría parte de una escenografía que, como elementos de un decorado, conforma el necesario efecto ilusionista de tramoyas para introducir una sarta de premisas falsas: demanda social de cambio de estatus en Catalunya; bilateralidad Cataluña-España, como si tratara de una ronda entre dos estados soberanos; diálogo sosegado y pacífico entre las dos partes… Pero no hay necesidad de negociación, diálogo ni lealtad que valga ante una conducta que pueda ser calificada de rebeldía. Cualquier estado que se precie de serlo, cortaría de raíz cualquier conato como el protagonizado por el «honorable». Cuanto menos, sería procesado por prevaricación… y su Parlament disuelto.

Nosotros no exigimos al régimen que cumpla con su propia legalidad, ni que aplique el artículo 155 de su carta magna, sino que denunciamos su manifiesta complicidad y colaboración necesaria para cubrir una etapa más en su hoja de ruta confederal.

Confederados, principales fuerzas operativas

Los diferentes posicionamientos de los partidos del juancarlismo en relación a la celebración de una hipotética consulta secesionista en Cataluña, sea a favor o en contra, no obsta a que, se le pueda tratar a todos de manera indistinta, como vectores políticos de la desmembración de España en tanto en cuanto que, objetivamente, son integrantes del régimen que posibilita esta situación.

Así, el protagonismo no corresponde en exclusiva al separatismo activo de impronta antiespañola, principalmente CiU y ERC, la fuerza que ejerce la presión separatista, acompañada de ICV e IU, en su demanda de consulta. Por el contrario, hay que clarificar el papel que corresponde a cada uno de los partidos y repartir responsabilidades.

El PP, representa al unionismo constitucionalista, la defensa del marco actual que ha propiciado el posibilismo secesionista: ante el embate del plebiscito separatista, evita el enfrentamiento directo y desde el ejecutivo, lejos de imponer el imperio de la ley, se limita a la disuasión con exhortaciones legalistas. En lo político, su único activo es agitar el espantajo de la diáspora fuera de la UE del hipotético estado Catalán. En contrapartida, ofrece talante negociador y parece dispuesto a conceder un concierto fiscal privilegiado a Cataluña, a imagen y semejanza del vasco, para aplacar al catalanismo.

La rama reformista del constitucionalismo unionista, UPyD y Ciutadans: presumen de la viabilidad del estado autonómico mediante la reversión de algunas de las competencias de las autonomías hacia el estado. Sin embargo, esto resulta una engañifa: es irrealizable sin someter la constitución a una revisión avalada por mayorías cualificadas imposibles. En la misma línea, Ciutadans, avispadamente, ¡denuncia que Mas no tiene competencias para convocar una consulta independentista! Se ha sumado como comparsas al pacto antisoberanista promovido por el PPC en Cataluña: su máxima es evitar la crispación, la división y el enfrentamiento entre los catalanes. Negar la fractura a estas alturas es de necios y no puede tener otro fin que permitir el avance del separatismo.

El PSOE, es el partido que puede aportar más sinergias en la adecuación del régimen al nuevo escenario soberanista planteado en Cataluña y, por tanto, la que pueda poner el colofón confederal al juancarlismo, si no pilotando el proceso, arrastrando a los demás partidos: brinda el remedio frente «el inmovilismo de Rajoy y el independentismo de Mas», la superación de lo que es presentado como inevitable ruptura mediante su propuesta de cambio constitucional que introduce lo que ellos denominan federalismo para “encajar” Cataluña: principio de ordinalidad para incluir asimetrías fiscales, reconocimiento de Cataluña como nación, “derechos históricos”… Esto es, confederalismo.

Así, tanto desde el PSOE como el PSC han celebrado con júbilo la afinidad de las tesis de Durán i Lleida, líder de Uniò, vertidas en un artículo publicado en el diario La Vanguardia por las que se sitúa en una “tercera vía”, equidistante entre el estado autonómico y el independentismo, y que define como confederal. Nada sorprendente, considerando que esa es la visión del federalismo del PSOE y que el PSC, ciertamente, no reclama la independencia para Cataluña, sino el «derecho a decidir», como si esta fórmula con la que se mimetiza el separatismo fuera algo distinto al «derecho de autodeterminación».

Por lo que debe entenderse que, además de abogar una España «plurinacional, pluricultural y plurilingüística», para estas formaciones Cataluña debería ser soberana, incardinada en el “estado español”, en mayor o menor grado, mediante lazos establecidos entre dos estados ‒lo que no dejaría de ser un pacto internacional‒ que, a la par de satisfacer las aspiraciones de estatalidad y permanencia en la UE del separatismo catalán, permitiría al reinito borbónico aparentar haber evitado el trance de un proceso separatista traumático mediante una remodelación constitucional.

Sí, nacionalistas españoles, republicanos unionistas

El unionismo constitucionalista o la oposición federalista del PSOE al independentismo no son frenos frente a la dislocación nacional. Tampoco el rey Juan Carlos I, convaleciente o en plena forma, ni su sucesor el príncipe Felipe. Antes bien, son sus catalizadores. Inexorablemente, queda expedito el camino hacia una mayor desintegración resultante de la adecuación del juancarlismo a sus propios presupuestos confederales, auxiliado por la presión del independentismo, cuya deriva puede resultar impredecible.

Nada nos liga este bloque que, conforme a nuestra geometría política, hemos definido como seudo-España. Menos todavía, a aquellas expresiones marginales de patriotismo patético e ideologías trasnochadas, la paleo-España. Somos nacionalistas españoles, patriotas unionistas, pero postulamos una nueva España refundada en una República unitaria.

Llamamos a los españoles, especialmente a los de Cataluña ‒y Vascongadas‒ a la autoorganización en asambleas y juntas para la resistencia y el boicot activo frente a las consultas y plebiscitos secesionistas ‒aunque sea bajo la apariencia de elecciones‒ que se puedan celebrar, con o sin el permiso de la monarquía juancarlista y a la movilización contra las negociaciones, pactos y trapicheos del régimen con el independentismo. Al margen del resultado del proceso secesionista en curso, emplazamos a nuestros compatriotas a la lucha, no para mantener la situación actual, sino para avanzar en la constitución del nuevo estado. Si España quiere pervivir, el juancarlismo debe perecer.