El Partido Nacional Republicano considera necesaria una oposición frontal a las propuestas de elevar la edad de jubilación. Estas propuestas, arropadas en diversos mensajes alarmistas, buscan en lo inmediato acoquinar a mucha gente para que suscriba planes privados. A medio plazo, persiguen principalmente el aumento de la recaudación, porque en España los únicos que pagan impuestos de verdad son los trabajadores. Se estudia, además, la posibilidad de aumentar los años para el cómputo de la pensiones, lo que implicaría necesariamente un descenso de la cuantía de las mismas.

Para el PNR, las pensiones son un derecho básico de los ciudadanos, que en modo alguno debe ponerse en manos de los negocios privados. La Seguridad Social, al igual que la Sanidad y la Educación se han de considerarse servicios públicos gestionados directamente por el Estado.

Es éste uno de los campos más plagados de patrañas. Una de las principales es la que mantiene la distinción entre dos tipos de aportaciones a la Seguridad Social: las del trabajador y las del empresario. Sin embargo, desde el punto de vista económico la totalidad de la aportación es efectuada por el trabajador. La empresa sólo tiene un concepto a considerar, que es el coste real del trabajo. De este coste real el trabajador recibe directamente un salario y el resto es ingresado en las arcas del Estado por tres vías fundamentales: en forma de impuestos (retención del IRPF), de cotizaciones a la Seguridad Social del trabajador y de cotizaciones de la empresa. Es evidente que todos los pagos responden a la venta que el trabajador hace de su fuerza de trabajo, no a ninguna otra cosa. Todo lo que no percibe en mano el trabajador son salarios diferidos que, por vía de impuestos con distintas denominaciones, recauda el Estado.

Decimos “impuestos” y decimos bien. Tanto las aportaciones a clases pasivas que efectúan los funcionarios, como las que realizan los trabajadores a la Seguridad Social, adoptan la forma de un impuesto como cualquier otro. Son obligatorias, reguladas por la ley, ingresadas en las cuentas del Estado y administradas por él. En la actualidad las pensiones, todas, se pagan con los impuestos que recauda el Estado. En el futuro, el sistema público de pensiones debe superar el esquema diferenciado de las “cotizaciones sociales” y funcionar con aportaciones de los Presupuestos Generales del Estado, como ahora ocurre con las pensiones no contributivas, y con la Sanidad, la Educación, etc.

La recaudación de impuestos depende directamente de la magnitud del Producto Interior Bruto que, a su vez, es función de la potencia del modelo productivo, capaz de incorporar de modo activo a una gran masa de trabajadores, jóvenes y adultos, mujeres y hombres. Lo que resulta insostenible no es, por tanto, el sistema público de pensiones, sino un modelo productivo en bancarrota total, de la que se aprovecha el capital para plantear el hundimiento de las pensiones, a la vez que se impone una legislación sobre el aborto devastadora de la natalidad nacional. Por eso el PNR ha inscrito en su Programa las exigencias de un cambio de modelo productivo y de relanzamiento de las tasas de natalidad. Pero si, en un momento dado, en una fase de transición, el Producto Interior Bruto creciese con un número menor de trabajadores, tampoco existiría el peligro de que no se se pudiesen pagar las pensiones.

Durante años, tanto el PP como el PSOE nos han estado dando la matraca con que uno de los efectos benéficos de la inmigración iba a ser garantizar el pago de pensiones futuras de los españoles. Pero resulta que de los cerca de seis millones de inmigrantes, actualmente cotizan a la Seguridad Social un millón cuatrocientos mil.

Súmense a todo esto las prejubilaciones. En los últimos diez años, se han producido veinticinco mil prejubilaciones en la minería de Asturias a edades inferiores a los 44 años naturales, y con pensiones mínimas mensuales de tres mil euros. Están, además, las prejubilaciones en masa, con el  100%, a los 52 años en Telefónica, TV, banca, etc.

Los procesos de jubilación anticipada han tenido gran incidencia en el hecho, silenciado por el PSOE y el PP, promotores de la reforma de las pensiones, de que aunque la edad legal en la que se abandona el mercado laboral está marcada en los 65 años, la edad media efectiva de retiro se sitúa en los 63,5 años.

Nada menos que el 58,7% de los empleados públicos dejan de trabajar antes de cumplir los 65 años. Y en cuanto a los trabajadores del sector privado, las cifras de la Seguridad Social indican que el 40,8% de los mismos también se jubila antes de los 65 años, lo que supone una enorme diferencia respecto al 58,7% de los funcionarios, casi catorce puntos. En todo caso, ambos porcentajes son muy abultados.  La gran diferencia la establecen los trabajadores autónomos. Sólo el 11% de los mismos se retira antes de los 65 años.